El 4 de junio del 2004, con resolución suprema 183-2004-RE, fue nombrado agente del Estado ante la Corte Interamericana de DDHH el abogado Gonzalo José Salas Lozada. Fue éste, egresado de la PUCP y oficiante en estudios de la caviarada (¡cuándo no!) quien condujo el recurso por el cual el Perú se allanaba “a todos los extremos de la demanda” presentada por la familia de Pedro Huilca ante la CIDH, que consideraba aceptar los hechos de la denuncia presentados ante esta Corte, las violaciones del derecho alegadas por la parte demandante y la obligación de reparar por parte del Estado.
El resultado es conocido. A pesar de que en el Perú recién se había iniciado la investigación fiscal del caso de asesinato de Pedro Huilca y, por tanto, no se había señalado los culpables, debido a ese allanamiento efectuado por el agente Salas Lozada, el Estado Peruano asumía su responsabilidad en el crimen de 1992 y los efectos reparatorios consiguientes.
El allanamiento sin límites lo realiza Salas Lozada en septiembre de 2004 y lo remueven del cargo en diciembre. Era tan supino ese allanamiento que la propia CIDH alegó entonces: “La Corte señala que lo correcto es realizar una investigación pública con todas las garantías en sede nacional”.
O sea, el agente peruano actuó conforme a las expectativas de la denunciante familia Huilca (un particular) y no conforme a los intereses del Estado Peruano que lo había contratado. El caso estaba perdido por default y luego, cuando el Perú impugna el allanamiento y el acuerdo de reparaciones, eso no fue aceptado por la CIDH. Los Huilca recibieron US$ 250 mil del “culpable” Estado Peruano.
Los actores de la farsa, ocurrida en septiembre del 2004, además de Salas Lozada, fueron Manuel Rodríguez Cuadros, entonces ministro de RREE y responsable directo de la contratación de Salas, así como Carlos Gamarra Ugáz, integrante del FIM (Frente Independiente Moralizador) de “Poppy” Olivera, entonces ministro de RREE y quien había sucedido en el cargo a Baldo Kresalja Roselló. Rodríguez, Gamarra y Kresalja fueron integrantes del gabinete “conversado” del PCM Carlos Ferrero Costa durante el gobierno de Alejandro Toledo.
