LA FANTASÍA DEL “ESTALLIDO SOCIAL” EN EL PERÚ

Por Miguel Ángel Rodríguez Sosa

La cofradía caviar se desgañita en el esfuerzo de posicionar en la opinión pública su versión sesgada de los acontecimientos políticos y sociales, pretendiendo que los peruanos comulguemos con sus arenosas obleas ideológicas. Su discurso común es que el país está viviendo desde diciembre pasado “un estallido social”, que así le llaman a la secuencia de hechos de violencia indudablemente azuzados por el castillismo remanente que ha propiciado el ataque subversivo del reconfigurado PCP-SL a través de sus fachadas del MOVADEF, la FENATEP, el CONALUP, la CUNARC y otras agrupaciones como los frentes de defensa con dirigencias capturadas por senderistas y subversivos de otros pelajes.

Ninguno de los emisores caviares puede ignorar que la plataforma única de la violencia es “renuncia de la presidente Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y asamblea constituyente”. La demanda de libertad para el golpista Castillo ha quedado reducida a su mínima expresión ante la abrumadora evidencia pública de su fracasado intento por capturar el Estado y desde allí mantener en el poder a la red de organizaciones criminales que pudo generar.

El reconocimiento caviar de esa plataforma no puede escamotear que es estrictamente política y que ha opacado cualquier reivindicación propiamente social de los protestantes. De hecho, ninguna de las comunicaciones o pronunciamientos de esas y otras agrupaciones –como la CGTP– justificando su participación en las “protestas” contiene o presenta alguna demanda propiamente social concerniente a la exigencia de la calidad de vida de las poblaciones o cuestionando la gestión inepta o corrupta de los gobiernos subnacionales –regionales y municipales– elegidos por ellos mismos.

Mundillo de las oenegés

Esta característica común diluye cualquier cimentación de la violencia como “un estallido social”, cual lo afirman “desde la academia” y en páginas de medios de comunicación voceros caviares como Sinesio López, Martín Tanaka y Carmen Ilizarbe, por ejemplo. Todos ellos profesores de la PUCP, esa cantera caviar asociada al mundillo de las oenegés como el IEP y otras.

En el caso de Sinesio López, el 19 de enero publicó en el diario de La República su artículo “La revolución democrática” donde se explaya en su extravío afirmando, nada menos, que “El Perú está viviendo el más vasto y plural movimiento democratizador de la historia republicana”; llama así a las asonadas violentistas articuladas con trasfondo subversivo que se estaban produciendo en el país. Esa “revolución democrática” era valorada por López como “la lucha de amplios y diversos sectores sociales por la conquista de la igualdad de condiciones sociales de todos, y la eliminación de los privilegios y de todo tipo de discriminación”, obviando con alevosía mencionar las expectativas sociales defraudadas por Pedro Castillo con su prédica que añadía al mensaje demagógico “No más pobres en un país rico” sus incendiarios llamados a la división social; y desde luego tampoco menciona que con Castillo el gobierno y parte del Estado habían sido capturados por organizaciones criminales saqueando los recursos del país.

Por el contrario, López con arte de birlibirloque intenta “explicar” el “movimiento democrático” arguyendo con temeraria simpleza y falsedad que “surge, luego de la caída de Castillo, como protesta por el desprecio, el maltrato y el desconocimiento de un presidente con el que tenían una fuerte identidad social”. Según él, entonces ha estallado “una rabia contenida de siglos contra las élites limeñas excluyentes, racistas y discriminadoras”.

Dos semanas antes el mismo López, erigiéndose como un émulo de Lenin, en el artículo “Las tesis de enero” alegaba: “¿Son golpes de Estado parlamentarios la destitución y la elección de presidentes? Sí, porque sustituyen la voluntad del pueblo por la Constitución, rompen el equilibrio de poderes y transforman el presidencialismo en hiperparlamentarismo. La Constitución limita la democracia de la regla de mayoría, pero no la sustituye”. Un dechado de bolchevismo protoinsurreccional que con los días ha acabado en el tacho de papeles de la historia.

El 14 de febrero del 2023 Martín Tanaka escribía para El Comercio el artículo “Protesta, autoritarismo y fracturas sociales” un alegato coincidente con el de López –¿acaso puede sorprender?– afirmando: “Lo que empezó como un reclamo frente a lo que se percibía como la prepotencia y la arbitrariedad de sectores extremistas de derecha en el Parlamento y de la traición de la vicepresidenta Dina Boluarte (…) ante lo que estamos ahora no solo es una demanda de reconocimiento, sino una reivindicación de la dignidad y de la identidad de peruanos que sienten que ya no tienen espacio dentro de nuestra comunidad política (…) la movilización de la población rural de las regiones del sur andino tiene una masividad no vista en décadas. La fractura social que se está gestando puede tener consecuencias enormes e imprevisibles”.

El mismo Tanaka escribió lo publicado en El Comercio el 7 de febrero (“Sobre la protesta social”) glosando a López: “(…) si, como ha escrito mi colega Sinesio López, estamos ante ‘el más vasto y plural movimiento democratizador de la historia republicana’ que se enfrenta a ‘la ultraderecha y los poderes fácticos’, que busca ‘encontrar una salida democrática al actual gobierno autoritario’, pues toca sumarse sin reservas”.

Tanaka resalta (con datos de una encuesta del IEP) que en el Perú se observa “una fuerte lógica de movilización y protesta” pero distorsiona la interpretación objetiva de los datos aportados por esa encuesta al mencionar que las protestas aparecen “fragmentadas, con agendas localistas, con escasa o nula articulación gremial o representación política (…) Estamos, en buena medida, ante movilizaciones descentralizadas, que responden a motivaciones diferenciadas, gatilladas por la vacancia de Pedro Castillo, leída como la consumación de la prepotencia de una derecha excluyente que nunca lo reconoció como presidente y buscó desde un inicio su vacancia”.

Este curso de aseveración es plenamente falso cuando Tanaka quiere negar la plataforma estrictamente política –sin “agendas localistas” ni “motivaciones diferenciadas”– porque omite la gravitación de la violencia que pivota estrictamente en demandar “renuncia de la presidente Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y asamblea constituyente” como plataforma unitaria de los actores de las “protestas”.

Hasta aquí cabe resumir que Tanaka se resiste a coincidir con López acerca de la naturaleza de esas “protestas”. Mientras que para López expresan una “revolución democrática” y “lucha de amplios y diversos sectores sociales por la conquista de la igualdad de condiciones sociales de todos, y la eliminación de los privilegios y de todo tipo de discriminación”, para Tanaka son manifestaciones localistas y descentralizadas, con demandas diferentes. Bueno sería que ambos se pongan de acuerdo: o hay una marea de movilización democrática con una plataforma política unitaria, o hay movimientos débilmente articulados y con escasa representación política. Los hechos no pueder ser ambas cosas, contrarias, a la vez.

Pero la intelectualidad caviar es refractaria a explicar o siquiera valorar sus contradicciones; ni siquiera se da el trabajo de reconocer que existen. En el devenir de la narrativa caviar –y eso en breve tiempo– sus inconsistencias argumentales serán opacadas y hasta sepultadas. Ya lo he expuesto en más de una página: «La caviarada se distingue no por ser huérfana de ideas sino, precisamente y al contrario, por producir profusión de discursos y narrativas” cuya real y única función es la de justificar su visión parasitaria del Estado desde sus nidos en oenegés y organismos internacionales.

Última narrativa caviar

Más reciente es la “tesis” –de alguna manera hay que llamarla– de la novísima sacerdotisa caviar Carmen Ilizarbe –de la PUCP y del IEP, por supuesto– que en el diario La República pontifica sobre lo que denomina “el estallido social peruano” del presente (entrevista publicada el 12 de marzo), marcando un matiz de apreciación respecto de López y Tanaka, pues afirma que “(…) esta vez no son sectores liberales, urbanos, limeños, clases medias que enarbolan la bandera de la recuperación de la democracia. Esta vez son campesinos, campesinas, poblaciones rurales organizadas de los andes (…)  Hay un liderazgo andino. El inicio ha sido en el sur y ha ido expandiéndose, alcanzando cierta solidaridad en algunos sectores del país, aunque no con la contundencia que un país centralista como el Perú requiere para darles vuelta a las cosas”.

Entonces, Ilizarbe afirma que los actores de las “protestas” son campesinos y poblaciones rurales. Lo que obviamente omite es señalar cuál sea la masividad de esos actores, aunque recurre a un informe de la Defensoría del Pueblo – DP (Informe defensorial No. 190. Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto. Del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo de 2023).

Este aspecto de la narrativa caviar es de la máxima relevancia, por tres razones:

  1. Porque la DP afirma en ese documento: “La agenda planteada por las organizaciones sociales en sus convocatorias a movilizaciones y paros tiene motivaciones y objetivos políticos” (pág. 21), con lo que reconoce la ausencia de demandas propiamente sociales en la plataforma de las “protestas”; y menciona: “Estamos, entonces, ante un conflicto en el que la presión social busca generar un desenlace político.
  2. Porque según la DP (pág. 22) “Los intentos de dialogar hasta el momento no han logrado el objetivo de deliberar sobre posibles salidas a esta situación”, ante lo que persiste el riesgo de que se produzcan hechos de violencia desatadaos por “una voluntad de confrontar en las calles”.
  3. Porque la DP en el mismo lugar informa que “A pesar del carácter político de este conflicto, es posible distinguir entre los actores que intervienen en él. Se ha podido identificar: Actores sociales que han respaldado el gobierno de Pedro Castillo desde el inicio de su periodo (CGTP, rondas campesinas, organizaciones de pueblos indígenas, algunos sindicatos, mineros informales, colectiveros, etc.); Organizaciones sociales y ciudadanía en general que cuestionan el funcionamiento de la democracia, a la clase política y principalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo por los continuos enfrentamientos; Población indignada por la represión policial que en algunos lugares ha dejado muertos y heridos; Según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) actores con un discurso radical que habrían participado en hechos de violencia como Movadef; De acuerdo al Mininter, actores vinculados a actividades de minería informal e ilegal; Bandas de delincuentes que buscan aprovechar el desorden y los enfrentamientos para saquear y cometer otros delitos”.

El informe la DP no se atreve a estimar la cantidad de población involucrada en las “protestas”; solo menciona el número de las mismas; 1.327 del 7 de diciembre 2022 al 20 de febrero del 2023, con predominio de movilizaciones (882), paralizaciones (249), concentraciones y plantones (195) y vigilias (10). Una mejor estimación debiera sumar movilizaciones, concentraciones y plantones, vigilias: 1.087 “actos de masas” que duran horas; es decir el 81,9% del total de acciones han sido hechos episódicos de breve duración; solo menos de la quinta parte son hechos persistentes como “paros” y “huelgas” que se mantienen por días o semanas.

Si nos atenemos a los datos del INEI del censo nacional del 2017 la población rural de las regiones donde se han registrado con mayor intensidad y persistencia las “protestas”: Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios suma 1.044.302 habitantes, o sea, apenas un 17% del total de la población rural nacional. El INEI señala que en esas regiones entre el 24% y el 30% de la población rural se ubica en el rango etario de 15 a 64 años, notoriamente el de los grupos de población activos en las “protestas”. Podrían haber estado comprometidos unos 250 mil a 300 mil pobladores en tales “protestas”. Sin embargo, la información disponible –incluso de fuente próximas a los involucrados y grupos convocantes– coincide que se habría tratado, en los más multitudinarios hechos de las “protestas”, de solo unas decenas de miles de pobladores. En la estimación más favorable a los protestantes serían cuando mucho un 5% de las poblaciones rurales de tales regiones.

Fracaso de la subversión

Desafío a quien quiera demostrar que los “movilizados” en las “protestas” no han sido solo una ínfima minoría demográfica de la población nacional. Así que rechazo cualquier sustentación de la narrativa de que se ha hecho presente “el más vasto y plural movimiento democratizador de la historia republicana”, como afirma López, con una masiva y “fuerte lógica de movilización y protesta”, según Tanaka, al extremo de haber manifestado “un estallido social”, según Ilizarbe. Lo que sí ha habido es el resaltamiento mediático y político del activismo de esos grupos sociales muy minoritarios, que se lo debemos a la interesada sobreestimación de sus azuzadores y a la propaganda de la cofradía caviar.

Por otro lado, cabe reconocer y destacar que en “paros” y “huelgas” –249 según la DP– ha ocurrido con fuerza la acción coercitiva de tales minorías organizadas impidiendo las actividades regulares de la colectividad con bloqueos de vías, asedio de centros urbanos, ataques vandálicos, cierre de mercados, amenazas a los civiles no involucrados, que han producido efectivamente la paralización de actividades económicas y sociales durante semanas, en las regiones afectadas.

No hay, no ha habido desde diciembre de 2022 el estallido social referido por Ilizarbe y proclamado en la narrativa caviar, ni la fantasiosa marea democratizadora de las masas contra el Estado y la clase política, alucinada por López, menos todavía se ha manifestado la fractura social imaginada por Tanaka.

Lo que hubo y sigue alentando es el azuzamiento fracasado de la subversión desde ese nuevo actor político edificado por la cofradía caviar: la multitud, con vándalos, saqueadores e incendiarios de ocasión Si no fuese por la violencia coercitiva de los activistas azuzadores, causando temor, retracción y hasta enclaustramiento de la amplia mayoría de población en Puno y otras regiones del sur andino, nada verdaderamente grave, que no pueda ser resuelto con los medios de orden del Estado, ha ocurrido en este país de desconcertadas gentes.