Hay preguntas que, por alguna razón, parecen no formularse. Una de ellas rodea desde hace tiempo a la familia del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia: ¿con qué dinero se financiaron los estudios de sus hijos y quién asumió esos gastos?
La pregunta adquiere una dimensión distinta después de lo ocurrido judicialmente con la expareja presidencial. El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, relacionado con el financiamiento de las campañas electorales de 2006 y 2011. El Poder Judicial señaló que fueron considerados coautores del delito.
Ese antecedente convierte en legítima una pregunta que hasta ahora ha recibido escasa atención: ¿de dónde salió el dinero destinado a financiar determinados gastos familiares de los Humala-Heredia? Entre ellos, la educación.
De acuerdo con la página oficial de ayuda financiera de esa casa de estudios (financialaid.uchicago.edu), el costo anual de matrícula para un estudiante de pregrado asciende a US$75,960, el gasto por ambas estudiantes superaría los US$150,000 al año, sin considerar alojamiento, alimentación, seguros y otros gastos académicos.
Dichas cifras han reavivado el debate sobre la capacidad económica de la familia Humala-Heredia. El exmandatario pasó al retiro del Ejército con el grado de teniente coronel en 2004, luego de 21 años de servicio, que según el Decreto Supremo N.° 112-2026-EF, actualmente le correspondería una pensión mensual de S/4,432.82.
El asunto no surgió únicamente de especulaciones periodísticas. El propio Antauro Humala lanzó públicamente una acusación contra su hermano y sostuvo que sus sobrinas estudiaban en el extranjero con dinero de procedencia ilícita.
Es una acusación extremadamente grave.
Pero también debe establecerse claramente lo que es y lo que no es: una declaración de Antauro Humala no demuestra por sí sola que los estudios hayan sido financiados con dinero ilícito. Para sostener semejante conclusión hacen falta documentos, movimientos bancarios, declaraciones patrimoniales, comprobantes u otras evidencias.
¿Quién pagó?
Si los estudios fueron financiados con ingresos lícitos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, debería ser posible establecer de dónde procedían esos recursos.
Y si fueron los padres quienes cubrieron matrículas, manutención, viajes y alojamiento, entonces corresponde preguntarse si esos desembolsos guardaban relación con sus ingresos declarados.
La sentencia de primera instancia de abril de 2025 sostuvo que Humala y Heredia incurrieron en lavado de activos relacionado con fondos destinados a las campañas electorales. El Poder Judicial informó además que la investigación había identificado mecanismos como falsos aportantes y contratos ficticios para legitimar fondos.
Por ello, cuando alrededor de una familia sometida a una investigación patrimonial de semejante magnitud aparecen gastos importantes, preguntar por su financiamiento no constituye automáticamente una acusación.
El silencio también genera preguntas
Existe una manera sencilla de terminar con cualquier suspicacia: mostrar de dónde salió el dinero. Ollanta Humala puede rechazar esas acusaciones. Sus adversarios pueden sospechar y sus partidarios pueden defenderlo. Pero si nadie explica quién pagó, cuánto se pagó y de dónde provinieron los recursos, la interrogante seguirá abierta. La respuesta no debería buscarse persiguiendo a sus hijas. Debería buscarse siguiendo el dinero.
