La Fiscalía Suprema del Perú solicitó cuatro años de prisión efectiva contra la excongresista María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, en el marco del denominado caso ‘Mochasueldos’.
El requerimiento fue presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicitó que la exparlamentaria sea inhabilitada durante 10 años para ejercer cargos públicos y pague una multa de S/ 30.200. La acusación fiscal la señala como presunta autora del delito de concusión, contemplado en el artículo 382 del Código Penal.
La Fiscalía también formuló acusación contra Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Congreso, a quien atribuye la condición de presunto cómplice primario. En su caso, solicitó cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40.
El requerimiento ya fue admitido a trámite por el Poder Judicial. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez Juan Carlos Checkley, otorgó a las partes un plazo de 10 días para presentar sus descargos.
La acusación contra Cordero Jon Tay
Según la tesis de la Fiscalía, Cordero Jon Tay habría exigido el 50 % del sueldo de Rafael Cabrejos Vela, quien trabajó en su despacho congresal entre marzo y agosto de 2022.
El Ministerio Público sostiene que la entonces legisladora habría utilizado su posición para apropiarse de una parte de la remuneración que correspondía a su trabajador, conducta que la Fiscalía considera constitutiva del delito de concusión.
El caso salió a la luz tras un reportaje del programa periodístico ‘Punto Final’, que reveló los presuntos recortes salariales y dio paso a las investigaciones que posteriormente derivaron en la acusación fiscal.
En paralelo, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, quien inicialmente había sido investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico. El juez deberá pronunciarse sobre este pedido antes de que continúe el trámite de la acusación contra Cordero y Paredes.
Antecedentes del caso ‘Mochasueldos’
El proceso contra María Cordero Jon Tay avanzó después de que, en marzo de 2024, el Pleno del Congreso aprobara suspenderla del ejercicio de sus funciones parlamentarias y levantar su inmunidad para permitir que las investigaciones siguieran su curso.
Posteriormente, el caso pasó a sede judicial. El requerimiento mixto presentado por la fiscal Zoraida Ávalos fue admitido mediante la Resolución N.° 1, del 16 de julio de 2026.
A partir de esa decisión se estableció un plazo de 10 días para que Cordero Jon Tay, Paredes Calla y las demás partes involucradas formulen sus observaciones y descargos.
El juez Juan Carlos Checkley deberá resolver primero el pedido de sobreseimiento presentado a favor de Cabrejos Vela. Superada esa etapa, corresponderá determinar si la acusación contra María Cordero Jon Tay y Braden Paredes avanza hacia un juicio oral por el caso ‘Mochasueldos’.
