Francia atraviesa un nuevo episodio de tensión social y política ante la convocatoria de manifestaciones para el próximo sábado 24 de octubre. El Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu anunció un amplio dispositivo de seguridad que contempla la participación de militares para proteger instalaciones estratégicas y reforzar la presencia policial en las principales ciudades.
Según los anuncios gubernamentales difundidos el 20 de octubre, efectivos de la operación Sentinelle serían destinados a la vigilancia de infraestructuras sensibles, con el propósito de liberar agentes policiales para el control de las movilizaciones.
La decisión se produce después de los violentos enfrentamientos registrados durante las protestas del 17 de octubre, que dejaron numerosos detenidos, daños materiales y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció deficiencias en la actuación policial, mientras las autoridades decidieron prolongar las restricciones nocturnas en determinados sectores de París y otras ciudades, entre ellas Lyon, Marsella y Toulouse.
La crisis golpea a la economía francesa
La inestabilidad social comienza a generar preocupación en los mercados financieros. El rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó el 20 de octubre niveles que no se registraban desde hacía aproximadamente 24 años, reflejando la inquietud de los inversores ante la situación política y las dificultades presupuestarias del país.
A ello se suman las pérdidas económicas ocasionadas por los disturbios. La cadena de supermercados Carrefour informó de daños y robos que representarían pérdidas de decenas de millones de euros.
La situación plantea un desafío para el presidente Emmanuel Macron, cuyo Gobierno debe responder simultáneamente a las demandas sociales, las exigencias de seguridad y la necesidad de contener el deterioro de las finanzas públicas.
Una jornada decisiva
Las manifestaciones convocadas para el sábado 24 de octubre podrían marcar un nuevo punto de inflexión en la crisis francesa. Las autoridades buscan impedir que se repitan los enfrentamientos de jornadas anteriores, mientras los sectores movilizados mantienen sus reivindicaciones económicas y sociales.
El desenlace de esta nueva convocatoria permitirá medir tanto la capacidad de movilización de los manifestantes como la eficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
