En semanas recientes se han multiplicado en redes sociales y en espacios callejeros mensajes con la intención de separar del Perú un conjunto de los departamentos (regiones políticas) del sur y sur andino. La justificación común es el rechazo al centralismo limeño, al estado peruano ausente, a los capitalinos que identifican como otros: “racistas, “clasistas”, distintos a los del “Perú profundo”. Cierto que hay también reclamo parecido de minorías que alegan una identidad étnica “originaria” diferente del mestizaje peruano y –claro está– estos resentimientos son capitalizados por extremistas de izquierdas oportunistas y disociadores que llegan a reclamar “el derecho a la autodeterminación de los pueblos” como si eso fuese sustentable, siquiera racional.
Uno de los promotores del asunto es el tal Felipe Domínguez Chávez, avezado politicastro residente en Arequipa que ha postulado sin éxito al gobierno regional, a la municipalidad distrital de Cerro Colorado y que se ha hecho de un espacio mediático como “presidente” del llamado “Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa (FREDICON)”. No es el único allí y los hay en otras regiones como Puno y Cusco, pero es quien más ha conseguido difundir sus resentimientos alegando que las regiones del sur del país entregan sus recursos y dineros generados a Lima, que tiene abandonado y reprimido con violencia al sur. Propuso por ende que “regiones como Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Madre de Dios y Apurímac, podrían conformar la denominada ‘República del Sur’” en entrevista del 23 de diciembre del 2022 a un medio de prensa regional. Cinco días después la segunda fiscalía supranacional corporativa especializada contra la criminalidad organizada, del Ministerio Público, le abrió investigación por el presunto delito de atentado contra la sobernía nacional. Léase sedición separatista. Santo remedio le llamo yo.
Otros que impulsan la idea viven en el anonimato o en la oscuridad de seudónimos; y ya en el colmo hay uno con la página del Facebook nominada “Masters En Networker’s” que en los últimos días de diciembre cambió el nombre del grupo que administra en el FB: “Distribuidor independiente ACN Flash Mobile PERÚ” a “República Independiente del Sur PERÚ SUR”. Flor de la astuta movilidad emprendedora de quien el día anterior era un modesto comerciante. Es que el Facebook da para todo –o casi–.
Lo más coruscante es que el nuevo país separado del Perú que se llamaría “República Independiente del Sur Tahuantinsuyu” o algo así aparenta contar con los recursos y bienes de una tierra prometida. Sus propagandistas literalmente dicen en varias cuentas del FB:
“…tenemos la maravilla del mundo Machupicchu, el cobre de las Hudbay, Bambas, Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, Quellaveco, el gas de camisea, uranio y el Litio de Puno, nuestro lago Titicaca, tenemos la agricultura, la ganaderia, nuestra selva Ucayali, Puerto Maldonado y el puerto de Ilo, no nesecitamos nada del Norte ni de Lima [sic]”.
La peor ignorancia es siempre la más atrevida y la de estos desciende a simas de insipiencia profunda en el juego de mezclar ollucos y camotes con aguaje y fideos.
El país del yo no sé
Hagamos un aparte con piedad por estos iletrados con respecto a Machu Picchu y al lago Titicaca, que no son propiamente fuentes de riqueza significativas.
Sobre “la maravilla del mundo Machupicchu” hay que empezar mencionando que el monumento no puede ser objeto de mayor explotación turística (su único valor material) de la que ya registra. El turismo receptivo en Machu Picchu genera ingresos al Estado que en ningún momento exceden los muy módicos US$ 40 millones al año (unos 144 millones de soles), muy venidos a menos por la pandemia del Covid y acotados por la capacidad de carga establecida por el MINCUL siguiendo recomendación de UNESCO. Si el monumento recibiera más de los 2.244 personas por día que técnicamente se considera soportable, simplemente sería destruido en un par de años. Así que la “maravilla” en cuestión no es ni puede ser fuente significativa de riqueza. El turismo en Cusco ha sido generador de entre US$ 500 y US$ 750 millones anuales entre el 2013 y el 2020. Pero ese ingreso es muy sensible a los conflictos políticos y sociales y ahora a fines del 2022 e inicios del 2023 la cancelación de reservas en hoteles está en el orden del 70% – 80%. Es seguro prever que el turismo a Cusco y Machu Picchu se espante con el bolondrón que se pretende separatista.
Sobre el lago Titicaca, tampoco es fuente de riqueza ni tiene una gravitación económica significativa. En el lado peruano es poco más que un colector de desagües en el que vive una fauna acuática exótica que necesita alimento industrial para producir algún beneficio económico en pequeña escala, al margen de señalar que el condominio binacional (Perú-Bolivia) que lo rige es bastante rígido en lo concerniente al uso de sus aguas. Cambiar el estatuto de aprovechamiento del lago supone una decisión supranacional de alcance global, que Perú ni Bolivia pueden impulsar a riesgo de abrir la ventana para la internacionalización del acuífero.
El Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca (PEBLT), creado en el Perú en octubre de 1987 como dependencia del actual MIDAGRI existe con el objetivo de
“Contribuir a elevar el desarrollo agrario en zonas de frontera de manera competitiva sostenible e inclusiva; coordinada y articulada con los actores públicos y privadas dentro del ámbito de intervención mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos de inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como el desarrollo sostenible agropecuario, forestal y recuperación de ecosistemas, así como contribuir a la inversión en los espacios de frontera”.
Demasiada letra y muy escasa realización. De hecho, no alza vuelo más allá de impulsar pequeños proyectos de desarrollo en el marco de una agenda binacional que además incorporó a Chile el 2019 para abordar asuntos de “poblaciones fronterizas comunes”. Es decir, ni siquiera la parte territorialmente peruana del lago Titicaca es exclusivamente soberana; involucra a tres países. Cualquier aprovechamiento del lago en una escala superior a la actual va a requerir el acuerdo de Perú, Bolivia y Chile. Un imposible tal y como están las relaciones boliviano-chilenas que empeorarían con la “República Independiente del Sur” o como se llame el engendro separatista.
Fantasía minera
Igual de fantasiosa y muy equivocada es la mención de que el Estado del nuevo “país” contaría con una valiosa riqueza minera que en verdad se desconoce hasta en la forma de referirla:
“el cobre de las Hudbay, Bambas, Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, Quellaveco”.
Al margen de la ignorancia que trasunta confundir yacimientos con empresas, hay que señalar que si bien los recursos mineros son o pueden ser valorados como propios del estado nacional en razón de ubicarse en su territorio, su sola existencia no les otorga valor alguno, el que solo adquieren en procesos de prospección y explotación. Estos exigen elevada magnitud de capitales que en su gran mayoría a nivel global no son nativos sino foráneos y que en una primera fase son capitales de riesgo asociado a la condición “riesgo-país”.
En el supuesto alucinante de que un nuevo “país” intente poner (o mantener) en valor yacimientos mineros cupríferos en Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua –como en la actualidad– deberá contar con esos capitales. Lo grave de la dimensión jurídica de la aplicación de capitales foráneos al aprovechamiento de recursos mineros es que está muy regulada en instancias supranacionales de contratación y arbitraje. Las formas contractuales de la “nueva” explotación minera, ¿serían contratos concesionarios, contratos de riesgo compartido, contratos de transferencia y cesión minera, u otras modalidades? Muy complicado porque en la fantasiosa “República Independiente del Sur” no existirá por años, tal vez en decenios, la capacidad de negociación contractual mínima requerida; tendría que ser importada y derivaría muy probablemente en situaciones de dependencia neo-colonial.
Es que los capitales extranjeros de ninguna manera van a arribar a un “país” en formación de muy incierta permanencia, excepto si pudieran controlar la seguridad (de su inversión) en ese estado como hace China en África, por ejemplo. Los separatistas deberían saber que no van a negociar con la empresa que en la actualidad explota cobre en Las Bambas (Apurímac) como lo hace ahora el consorcio liderado por MMG, cuyo accionista mayoritario es China Minmetals Corporation (62,5%), más una subsidiaria de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5%) y CITIC Metal Co. Ltd (15,0%); consorcio que ha demostrado toda la tolerancia que le permite el marco legal ante las rapaces exigencias de seudo-comunidades campesinas y frentes de defensa que se empeñan en enflaquecer a muerte a su propia gallinita de los huevos de oro.
Con total seguridad cualquier operador minero con origen en China, actuando en el territorio de un “país” extremadamente precario haría lo que en África, donde China obtiene petróleo en Sudán y Angola, uranio en Namibia y Níger, cobalto y coltán en la República Democrática del Congo, oro en Sierra Leona y en Ghana. En todos estos países los intereses de las empresas chinas son custodiados en alguna de dos formas: con dictaduras brutales respaldadas por Pekín controlando el país, o con ejércitos de mercenarios al servicio de esas empresas frecuentemente asociadas a mafias locales y chinas. Situaciones de neo-colonialismo que se muestran hoy en día incontrolables habida cuenta del poder global de China.
También con seguridad otras empresas mineras que quieran proseguir explotaciones en el nuevo “país”, como Hudbay Perú SAC, de origen canadiense y que explota yacimientos en Chumbivilcas, Cusco, tendrían que recurrir al mismo o semejante expediente para no tener que ceder ante demandas irracionales de grupos sociales azuzados por agitadores oportunistas como hoy.
Sería muy estúpido considerar que Freeport-McMoRan (FCX), la principal de minera Cerro Verde asociada de Buenaventura va a mantener interés en seguir actividades en Arequipa o iniciarlas en Trapiche, provincia de Antabamba, Apurímac, en condiciones diferentes que sean desventajosas por las regulaciones y la inestabilidad del nuevo “país”.
Alguien mínimamente sensato no puede creer que el Grupo México, principal de Southern Perú (Southern Cooper Corporation) que explota minas en Moquegua: Toquepala y Cuajone y ha iniciado expansión en Tacna el año 2020, va a continuar operando impávida en ese nuevo “país” creado por los mismos agentes del caos que la han agobiado desde el 2021. Lo mismo se puede afirmar para la sociedad de Anglo American y Mitsubishi Corp. en el proyecto minero Quellaveco en Moquegua.
Nada distinto se puede decir de la posible explotación de litio en Puno, que el 2021 ha concertado el interés exploratorio en Falchani, como el mismo para uranio en Macusani, en manos de la empresa canadiense American Lithium.
Por otra parte, la idea (de alguna manera hay que llamarla) de constituir empresas estatales y “soberanas” del mismo nuevo “país” para explotar sus riquezas mineras, no es descabellada sino abiertamente imbécil.
En definitiva, toda la minería grande en el territorio de la ilusa “República Independiente del Sur” exige grandes inversiones de capital solo disponibles en el extranjero, a los que solo pueden acceder estados consolidados y estables o, por el contrario, neo-colonias regidas por dictaduras brutales o por regímenes corruptos y mercenarizados, como en África. Se avizora que con total seguridad el nuevo “país” no será de los primeros sino uno de los más tristes entre los segundos. Su poblada ígnara y manipulada con discursos reivindicativos puede quedarse sentada sobre piedras que poseen, efectivamente, gran riqueza mineral, sin tener cómo aprovecharlas para su desarrollo y bienestar.
Y respecto del “gas de Camisea”, ¿qué? En el 2000 el Estado adjudicó la exploración y explotación del yacimiento gasífero al Consorcio Camisea, actualmente integrado por las empresas Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol. Camisea produce el gas que genera el 40% de la electricidad que se consume en el Perú, que es usado por más de 1,2 millones de familias en sus hogares y por más de 200.000 vehículos que lo utilizan como combustible (GNV). En 18 años de operación —desde agosto del 2004, cuando se inició la explotación del yacimiento— ha contribuido con más de 40.000 millones de soles entre impuestos y regalías para el Estado. De cada 100 soles de renta que genera, paga 65 entre impuestos y regalías, los cuales se destinan a gastos públicos.
El consorcio tiene un contrato vigente con el Estado hasta el año 2040 y en algunos aspectos ese contrato y sus derivados pueden ser y son renegociables, sobre todo en cuanto a precios internos y de exportación del gas. Pero durante el gobierno de Pedro Castillo fue planteada la “nacionalización del gas” y, en forma subsidiaria la “renegociación de los contratos”. La nacionalización es un imposible jurídico porque los recursos naturales como el gas y el petróleo están nacionalizados constitucionalmente en el Perú y por eso, como en muchas partes del mundo, el Estado otorga a empresas una licencia de explotación a cambio del pago de regalías. Bajo la cubierta de una “nacionalización” lo que se pretendió es expropiar los activos que permiten extraer el gas natural. Pero ocurre que para eso el Estado –el peruano u otro– tendría que resolver unilateralmente el contrato de licencia. El intento de forzar una “negociación” al respecto abortó el 2021 ante los previsibles perjuicios que el Consorcio Camisea lleve al Estado –del Perú o de un nuevo “país”– a un arbitraje internacional, sea por cancelar la concesión o por expropiarle los activos, cuyo costo oscilaría entre los US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones. Sumas siderales que un país suramericano no podría pagar.
Habría que considerar al respecto la experiencia de Bolivia impulsada por el entonces presidente Evo Morales (uno de los que propician el separatismo del sur peruano), que cuando su gobierno tomó las acciones de las productoras de gas, si bien las empresas se quedaron en el país no volvierona efectuar inversiones en exploración: se se volvió a perforar un solo pozo exploratorio más. Bolivia, que una vez tuvo mucho más gas que el Perú y lo exportaba a Brasil y a Argentina, hoy en día tiene menos gas en reservas confirmadas, ha despilfarrado su producción para satisfacer el populismo de las izquierdas gobernantes y se prevé que en el mediano plazo va a tener que importar el gas a que orientó su matriz energética.
En cuanto al “puerto de Ilo” –otro factor de la ilsuón separatista– tendría también que abrirse el nuevo “país” a la inversión extranjera de magnitud que permita convertirlo de su estado actual, que no está preparado para ofrecer servicios de carga y descarga todo el año por sus carcterísticas climáticas, menos todavía a grandes transportes marítimos del nivel past-Panamá. Materializar su potencial exigiría atraer el interés de empresas brasileñas con visión de invertir en proyectos de petroquímica y afines, de empresas chilenas de metalmecánica, de empresas mineras asentadas en Moquegua y de empresas bolivianas, sobre todo si el puerto puede ser asociado a un complejo industrial. Es una magnífica posibilidad que no sería atractiva para inversionistas extranjeros en un nuevo “país” de incierta estabilidad y permanencia, ni siquiera para sus gobernantes precarios –quienes sean– si desean ejercer en el marco de una soberanía de los recursos e instalaciones estratégicas que solo se puede lograr al costo de transacciones internacionales que acotarían esa pretensión.
Canon, ineptitud y corrupción
Volviendo al cobre, al presente, las regiones de Apurímac, Arequipa y Moquegua concentran aproximadamente el 45% de la producción de cobre en el Perú, aportando entre el 4% y el 5% de participación directa en el PIB nacional, alcanzando su efecto económico multiplicador a un 7% u 8% de ese PIB. Del total de los ingresos tributarios aportados el 2021 (19.523 millones de soles) constituye cuando menos una parte del orden de los 9 mil millones. Esa masa monetaria producida ha generado a su vez, el mismo año, transferencias del gobierno nacional a gobiernos subnacionales de 6.631 millones de soles; a septiembre del siguiente 2022 esas transferencias ya alcanzaban 10.229 millones de soles. La cuestión relevante al respecto es: ¿qué han hecho los gobiernos regionales y municipales con la gran parte de esos recursos monetarios, para el bienestar de sus poblaciones? Muy poco o nada.
Según el MEF, del 2021 al 2022 el canon minero repartido desde el gobierno central a gobiernos locales, en unas de las regiones de nuestro interés, presenta la siguiente evolución:
Estos datos muestran dos situaciones muy significativas: (1) que en el caso de las regiones “menos favorecidas” con el incremento del canon transferido a gobiernos locales –Cusco y Tacna– el aumento ha sido mayor al 100%, creciendo exponencialmente en el caso de Apurímac, por encima del 5000%; y (2) que el gobierno de Pedro Castillo efectivamente ha aumentado significativamente la distribución del canon. Pero el descontento social que cunde precisamente en las provincias y distritos de esas regiones significa que esos recursos no han tenido impacto en el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de dichas poblaciones.
Una muestra indubitable se puede observar en Cusco: al finalizar el 2002 la municipalidad provincial de Espinar solo había ejecutado 136,9 millones de soles de 207,2 millones de soles (aproximadamente el 60%) de sus recursos para proyectos de inversión y solo un 65,4% de los recursos recibidos por transferencias de canon y regalías. La municipalidad provincial de La Convención solo había usado el 64,8% de los 87,6 millones de soles para proyectos, y únicamente el 57,9% de recursos por canon y regalías. La municipalidad provincial de Chumbivilcas solo había utilizado el 55% de los 80,7 millones de soles para proyectos y nada más que el 79,4% de recursos por canon y regalías. La propia municipalidad provincial del Cusco muestra solo un uso del 66% de recursos para proyectos y de 67,8% de los recursos de canon y regalías.
Estas son pruebas de la incapacidad de gestión por carencia de competencias técnicas, y de mal manejo de los dineros públicos por las autoridades locales que eran, en su amplia mayoría, de fuerzas políticas afines al gobierno nacional. Esto explicaría en buena parte por qué el partido Perú Libre y otras configuraciones oficialistas han tenido tan pobre logro electoral en las elecciones municipales de octubre 2022.
Punto y aparte merece el abordaje de la distribución del canon minero por regiones políticas (departamentos) en el período 2021-2022. Es una repartición ciertamente muy inequitativa pero creciente en todos los casos de regiones de nuestro interés:
Eso, con un aumento sin precedentes del monto de canon minero distribuido a las regiones, del 2021 al 2022.
La descentralización regionalista: un fracaso
Entonces, volvemos a lo mismo. Los gobiernos regionales no saben, no pueden o no quieren utilizar apropiadamente el canon y los otros recursos que reciben del Estado por cuenta del gobierno nacional. El caso del Cusco es proverbial: el GORE Cusco el 2022 ha utilizado solo el 76,6% de sus recursos para inversión (50,4% en educación; 50,3% en salud; 48,5% en energía; 52,6 en turismo). Un fracaso de gestión pública.
Pero un aspecto capital de los malos resultados de la descentralización que dispendia recursos sin impactos de desarrollo en las regiones del Perú es, sin duda, la decisión de las poblaciones –que distan mucho de ser valoradas como ciudadanía– de persistir en elegir autoridades que en unos casos son de comprobada corrupción e ineptitud y en otros casos son nuevos caudillos oportunistas del patronazgo clientelista con o sin divisa ideológica y ampliamente encubiertos en “movimientos políticos” regionales y locales.
En este sentido no sorprende que en Arequipa para el GORE haya sido elegido el 2022 Rohel Sánchez que cuenta en su haber cinco investigaciones fiscales y un informe de responsabilidad administrativa de la Contraloría General de la República (CGR); que en Ayacucho haya sido elegido (otra vez) Wilfredo Oscorima que tiene 16 investigaciones fiscales abiertas y un informe de la CGR; que Werner Salcedo sea el elegido gobernador regional del Cusco con dos investigaciones fiscales y una sentencia judicial en ejecución; que en Puno el nuevo titular del GORE sea Richard Hancco, sobre quien pesa una investigación fiscal; y que en Tacna el nuevo presidente regional sea Luis ramón Torres con 15 investigaciones fiscales y cuatro informes de la CGR. Mucho, no algo, se pudre en Dinamarca y es esa putrefacción consentida por las poblaciones electoras.
Hay en este momento 19 o 20 de los 25 gobernadores regionales que de años recientes al 2022 tienen investigaciones fiscales, acusaciones o sentencias judiciales por diversos ilícitos de corrupción (incluyendo las propias de formas de organización criminal), como Jorge Acurio y Edwin Licona del Cusco, Wilfredo Oscorima de Ayacucho (ahora nuevamente elegido), Elías Segovia de Apurímac, Luis Aguirre y Luis Hidalgo Okimura de Madre de Dios, Vladimir Cerrón y su sucesor Fernando Orihuela de Junín, Walter Aduviri y Clever Mercado de Puno, Elmer Cáceres y su sucesora Kimmerlee Gutiérez de Arequipa . Y la cuenta no se detiene.
En el presupuesto nacional 2023 (Ley 31369, diciembre 2022) los gobiernos regionales (GOREs) reciben un total de 43.870.800.509 soles (más de 43 mil millones); de esos, más de 33 mil millones de recursos ordinarios, más de 419 millones de recursos directamente recaudados, más de 12 millones de recursos por operaciones oficiales de crédito, más de 10 millones por donaciones y transferencias, y más de 10 mil millones de recursos determinados (Anexo 3, página 5, FPR40D14). Esa enorme suma de recursos económicos es un aproximado al 32% del total del presupuesto general de la república para el 2023 que asciende a 141.122.476.787 soles (más de 141 mil millones). Si a eso se suma 29.796.996.756 soles (más de 29 mil millones que se asigna a gobiernos locales, tenemos que los recursos presupuestales del Estado son compartidos por el gobierno central con los gobiernos subnacionales en la proporción del 52% del total presupuestal.
Que una mitad del presupuesto general de la república sea transferido a los gobiernos subnacionales muestra la falsedad canallita del alegato de que Lima –el “centralismo limeño semi-colonial”, según los separatistas– “se apropia” de la amplia mayoría de los recursos económicos nacionales del Perú, sobre todo teniendo en cuenta de que el gobierno nacional cuenta con presupuesto para servir funciones estatales que no son ni pueden ser descentralizadas (o regionalizadas) como defensa nacional, seguridad exterior e interior, relaciones exteriores, administración de justicia.
En esencia, no se puede sustraer la apreciación de que la descentralización por regiones políticas en el Perú viene fracasando porque no provee el desarrollo armónico (y si es el caso, compensatorio) del país ni el bienestar de sus poblaciones. No hay, pues, un problema de centralismo “limeño” sino un fiasco de la descentralización por incapacidad y corrupción de las autoridades que los electores de las mismas regiones eligen (y hasta re-eligen) poniendo de manifiesto la pobreza de su conciencia ciudadana y visiones segmentadas del Perú, que no es –como alegan tantos izquierdistas– una república fundada sobre “una fractura social” sino un Estado gobernado a nivel nacional y por regiones por incapaces y rapaces oportunistas ambiciosos de poder. Cuánta razón tenía el gran estudioso Julio Cotler al reírse sarcástico de la descentralización (allá en los años finales del ’80 en la UNMSM), regocijado de que en nuestro país se pretenda descentralizar un Estado que ni siquiera había alcanzado el centralismo cubriendo con su actividad y responsabilidades la totalidad del territorio nacional.
Esos que “se quieren ir” del Perú con la pretensión de instituir una “República del Sur” en realidad no saben por qué y para qué alientan tal expectativa, excepto que sea –como tengo muy claro– con el afán sedicioso del separatismo de reconfigurar el mapa político suramericano con vistas a satisfacer apetitos caudillistas, proyectos desquiciados como el de “Runasur” u otros de inspiración “nativista”, o como el de la subversión comunista promotora del caos para sus fines seudo-revolucionarios (3 de enero 2023).
