El 28 de agosto del 2003 se conoció el Informe Final elaborado por la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) convertido en la Summa Theologica de una «narrativa», esto es, de una versión de los hechos destinada a impactar en los sentimientos de las personas y a construir una perspectiva influyente donde la lógica de la interpretación vale más que los hechos mismos. La narrativa se posiciona así como una «posverdad»: la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública.
Es que el Informe de la CVR está «calado hasta los huesos» de falsedades que intenta imponer pero que se revelan con el paso del tiempo, felizmente. Está siendo duramente cuestionada hoy su distorsión «antropologista» en los temas de exclusión social y racismo, centrada en lo que Carlos Iván Degregori(1), la verdadera eminencia intelectual de la CVR, llamó «desigualdades persistentes»: «brecha» o «nudo conflictivo», que subyacen a los hechos considerados en el análisis de la violencia generada por la agresión subversiva del PCP Sendero Luminoso y la respuesta que recibió desde el Estado; asimismo el uso ideológico (movilizador) de la calificación de «conflicto armado interno» al fenómeno de la violencia desatada por el PCP-SL. Habría que hacer un trabajo de «ingeniería inversa» en el Informe de la CVR, partiendo de sus conclusiones hacia sus premisas, para desbrozar sus inconsistencias y falacias. Es un esfuerzo pendiente.
Si embargo, a los 20 años de la presentación del documento, resaltan graves falsedades.
La falsificación «antropologista» y la develación de «los secretos públicos»
En el Informe de la CVR y sucesivos textos consagratorios desde «la academia» destaca el sesgo «antropologista» resaltando la «victimización» de los «pueblos originarios» –por ejemplo: quechua-hablantes–, uno de los alegatos falaces adoptado por la CVR para justificar su idea de que una causa estructural de «el período de la violencia» desatado por la agresión subversiva del PCP-SL ha sido la marginación, la exclusión y en definitiva la discriminación de tales pueblos originarios por la República Peruana a lo largo de su historia. Una inexactitud notoria a la luz de evidencia estadística demográfica.
La «victimización» de poblaciones quechua-hablantes durante «el período de la violencia» responde más bien a la localización geográfica de esas poblaciones –sierra central y centro-sur– y no a su condición étnica. Un examen de esta realidad pertenece a otro texto mío, aun no publicado, que sería extenso y tal vez excesivo considerar en estas páginas.
Es necesario desvelar la falsedad de la premisa subyacente al enfoque de Degregori, de que el Estado orientó sus acciones contra-subversivas con una percepción latentemente «racista». Si bien es verdad que el «caso Putis»(2) mostró un «desprecio por los pueblos indígenas» desde las FFAA en operaciones contra-subversivas, y que eso derivó, puntualmente, en una masacre condenable, caracterizada como «‘la ejecución o asesinato simultáneo y múltiple de cinco o más personas en estado de indefensión’»(3), es también verdad que:
«La CVR logró identificar 215 masacres cometidas por Sendero Luminoso y 122 cometidas por agentes del Estado. Por su naturaleza de matanza indiscriminada, en las masacres crece el porcentaje de víctimas mujeres, niños y ancianos».(4)
De manera que –es cierto– los dos actores del «conflicto armado interno» cometieron graves violaciones masivas de los derechos humanos; más el actor subversivo que el estatal, según la propia CVR. Pero lo significativo en la apreciación de Degregori es que en ninguna parte hace mención al «racismo» despectivo y criminal del PCP-SL frente a poblaciones andinas. Ese desprecio por la indianidad quechua-hablante característico en el PCP-SL conformado «por jóvenes andinos mestizos letrados que asumieron la tarea de la revolución en el Perú», según declaración de Hildebrando Pérez Huarancca, cabecilla de una columna senderista que cometió la masacre de Lucanamarca, sobre la cual la propia CVR dice:
«La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que el 3 de abril de 1983, miembros de la organización subversiva Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso incursionaron en el distrito de Santiago de Lucanamarca con el propósito de aniquilar a su población, por haberse rebelado contra esa organización».(5)
En un esfuerzo de balance de los hechos históricos Degregori menciona
«Lo trágico es que cuando en diferentes zonas de Ayacucho el campesinado se levanta contra el ‘nuevo poder’ senderista que ignora su especificidad cultural, se encuentra con un Estado que en vez de apoyarlo lo golpea brutalmente; que transgredió rápidamente los límites de su propia legalidad y sus flamantes marcos constitucionales, y respondió llevado por los viejos reflejos coloniales, por las memorias inquietantes y los miedos que afloraron frente a esos Otros que aparecían nuevamente distantes y ajenos (…) su violencia [del PCP-SL] y la respuesta estatal (…) contribuyeron a derrumbar los puentes trabajosamente construidos en las décadas previas».(6)
El problema de la argumentación de Degregori desarrollando la línea argumental del Informe de la CVR sobre el «racismo», la persistente «exclusión social de los pueblos originarios» y las responsabilidades del Estado en ello, está en que vienen apareciendo análisis reveladores de situaciones que el enfoque «antropologista» de la CVR eludía; que hoy en día hacen estallar la versión de que los «pueblos originarios» de los Andes, esos «excluidos» que fueron «víctimas del período de la violencia» ahora aparecen como actores interesados en aspectos sustantivos del conflicto como un medio para dirimir (y resolver) añejas pendencias locales. Lo señala, por ejemplo, Valérie Robin Azevedo(7) en un estudio publicado este año 2023 con base en detallados trabajos de campo en la zona ayacuchana de Ocros, poniendo en evidencia lo que llama «los secretos públicos» que son la experiencia de poblaciones involucradas, que éstas manifiestan u ocultan selectivamente en la elaboración de una memoria justificadora de su participación. El estudio de la autora pone en evidencia el oportunismo estratégico de comunidades que transitaron de participar en «comités populares» organizados por el PCP-SL a formar parte de «comités de autodefensa» contra sus anteriores patrocinadores y alineados con las fuerzas del Estado.
Las revelaciones obtenidas en el estudio muestran que en buena medida el comportamiento de comunidades durante «la violencia» sirvió para su manejo o la solución definitiva y brutal de ancestrales litigios por tierras, y que en parte las confrontaciones no eran ideológicas entre campesinos influidos por la prédica de los subversivos y los que la rechazaban, sino entre campesinos que aprovecharon las circunstancias para hacer prevalecer sus propios intereses por medios que pudieran asegurar la imposición definitiva de su posición frente «al otro», igualmente campesino.
Que haya, pues, «secretos públicos» que son generados por grupos sociales comunitarios y deliberadamente compartidos sólo en parte como alegación justificatoria del propio proceder, es una revelación actual que no fue considerada por la CVR empeñada en su enfoque de «los hondos y mortales desencuentros» entre el Estado y las poblaciones andinas, a las que quisiera excluidas de una articulación con los poderes regionales y nacionales, que no fue real; situación que la CVR ha intentado ocultar.
Poco a poco, como ahora, 20 años después del Informe de la CVR, se irá desvelando la narrativa falseadora en la que la «victimización» de poblaciones quechua-hablantes durante «el período de la violencia» fue, más bien, el proceso en el cual esas poblaciones utilizaron en su provecho a los contendientes armados (subversivos y estatales) en provecho propio, sin bandería ideológica: no como actores de «una gran sublevación popular» contra el Estado convocadas por el PCP-SL, tampoco como «masas» arreadas a la violencia por la coerción o el terror, como hizo permanentemente el mismo PCP-SL destilando su desprecio mestizo hacia el campesinado de los «pueblos originarios».
Que los subversivos por años se empeñaran en cortar de raíz las vinculaciones entre las economías campesinas y los mercados, y en aislar a esas «masas» despreciadas obligándolas a enfrentarse al Estado, obligándolas a rendir «su cuota de sangre por la revolución», es un aspecto meditadamente soslayado en el Informe de la CVR para justificar así su desvarío de fracturas sociales interpretadas con aviesa deformación.
Las estadísticas de la mentira
Asimismo, ha sido cuestionado con firmeza irrebatible, y hace ya bastantes años, el «balance cuantitativo» reportado en el Informe de la CVR, de las víctimas ocasionadas por la agresión subversiva. La sobre-estimación del número de víctimas efectuado a partir de una deleznable, más que sólo dudosa, metodología que multiplica el número de víctimas sin correlación con hechos reportados, y la artificiosa composición de ese cuadro, establecido de manera solvente en análisis que permanecen irrefutables, releva de mayores desarrollos al respecto.(8)
Falsedad en la periodificación e interpretación de la acción de gobierno
La «periodificación de la violencia» presentada en el Informe de la CVR, intenta ocultar el fracaso del Estado, de 1980 a 1990, enfrentando la violencia subversiva, que no era entendida en su naturaleza por autoridades políticas ni militares, y distingue, con alevosía, un «Quinto período del conflicto armado interno: Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (setiembre 1992 – noviembre 2000)». Esta designación es la más falsa de toda la cronología presentada por la CVR, porque resulta en la mistificación de la naturaleza del período mediante el recurso de la «amalgama» del fenómeno propiamente subversivo con fenómenos políticos distintos; porque pretende ignorar que de 1990 a 1992, mientras la subversión arrecia en su violencia pretendiendo asediar Lima, desde el Estado la Policía mediante el GEIN avanzaba en forma sostenida desmontando los aparatos partidarios subversivos hipertrofiados; y centralmente porque omite considerar que, de 1990 a mediados de 1992 se produce, precisamente, el período de mayor peligrosidad desesperada de la violencia subversiva, que fue derrotada como resultado directo de decisiones políticas adoptadas por el gobierno de Alberto Fujimori, que el informe de la CVR contamina con consideraciones extrañas al fenómeno subversivo, como esa de «la necesidad de instalar un sistema de democracia dirigida que se ajuste a las necesidades de la contrasubversión».
El Informe de la CVR escamotea reconocer la determinación y energía desplegados por Fujimori para enfrentar la muy grave amenaza subversiva, y presenta de manera muy sesgada la nueva etapa del proceso contrasubversivo iniciada con su gobierno. Es así que afirma
«En sentido estricto, el nuevo gobierno no ideó una nueva estrategia contrasubversiva. Más bien, Alberto Fujimori mantuvo la estrategia integral de las FFAA e impulsó iniciativas legales para complementarla. Había asumido también el Plan Político-Militar de un sector de las FFAA y, con ello, la necesidad de instalar un sistema de democracia dirigida que se ajuste a las necesidades de la contrasubversión».(9)
Con un negacionismo que pareciera obtuso, pero es taimado y expresivo del odio político contra Fujimori, el Informe de la CVR quiere negar el éxito político indudable de su gobierno con el desmantelamiento de los «aparatos centrales» del PCP-SL y la captura de Abimael Guzmán y, al respecto, plantea más bien
«En octubre de 1993, desde su prisión en la base naval del Callao y luego de conversaciones entre dirigentes senderistas facilitadas por el gobierno de Fujimori, Abimael Guzmán propuso un Acuerdo de Paz al Estado que no se concretó pero sirvió para efectos propagandísticos al régimen de Fujimori en vísperas del referéndum para aprobar la Constitución de 1993 (…)
Paralelamente, el gobierno de Fujimori continuó resaltando su imagen de mano dura, sin concesiones frente a la subversión mediante el nuevo marco legal aprobado y destacando su estrecha relación con las fuerzas armadas. A pesar del evidente declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma propaganda oficial, el régimen no disminuyó el número de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversión sin subversión».(10)
El Informe de la CVR desconoce cabalmente el éxito de la estrategia de los jueces sin rostro, impuesta por Fujimori, que permitió al Poder Judicial establecer condenas penales a acusados de terrorismo sin temor a las amenazas subversivas. Asimismo, desfigura totalmente el hecho real de la decisión presidencial de Fujimori, de corregir excesos de carcelería a imputados de terrorismo mediante la designación de la «Comisión Lanssiers». En este aspecto, cae en el extremo falaz de afirmar
«En términos estrictos la política de pacificación consistió en mantener en prisión a la mayor cantidad posible de subversivos bajo condiciones extremas en penales de máxima seguridad y en aislar a los núcleos armados. La propuesta de acuerdo de paz hecha por Guzmán y la dirigencia senderista brindó réditos políticos a Fujimori y rebajó la tensión en los penales, pero no liquidó a la organización (…)» (11)
De donde deriva sin coherencia lógica ni atendiendo a los hechos debidamente documentados, que:
«las operaciones antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia».(12)
Esto último, pretendiendo ocultar que ha sido precisamente durante el gobierno de Fujimori que la propia CVR ha registrado la menor incidencia de decesos resultantes de la agresión subversiva y el cese definitivo de violaciones masivas de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. El tema específico de las «violaciones de derechos humanos» en los llamados «caso Barrios Altos» y «caso Cantuta» merecen un tratamiento especial en otro texto.
En esta parte corresponde destacar que, en sus conclusiones, el Informe de la CVR revela la intencionalidad ideológica y política de sus integrantes, enemigos políticos de Alberto Fujimori, de condenar y execrar su conducción de la lucha contrasubversiva. Es así que en su conclusión 60 el Informe de la CVR menciona
«La CVR señala que, en agosto de 1989, las fuerzas armadas aprobaron la sistematización de una estrategia contrasubversiva. La nueva estrategia distinguía en los teatros de operaciones poblaciones amigas, neutrales y enemigas, y no tenía como objetivo principal el control territorial sino la eliminación de las Organizaciones Político-Administrativas (OPA) o comités populares senderistas; ganar a la población y aislar a la fuerza militar del PCP-SL. La estrategia produjo resultados decisivos, como alentar la reacción del campesinado contra el poder senderista y la masificación de los comités de autodefensa, que cambiaron las relaciones entre las fuerzas armadas y el campesinado».(13)
Pero, amañadamente, se abstiene de señalar que esos «resultados decisivos» producidos por la estrategia fueron posibles solamente cuando desde del gobierno y mediante normas modificatorias de la normativa anterior se preocupó por centralizar la acción estatal contrasubversiva y conferirle efectividad; asimismo omite que las normas producidas fueron en varios casos derogadas o su aplicación obstruida por las fuerzas políticas en el Congreso antes de abril de 1992.
La tergiversación amañada de los hechos se extiende a la conclusión 61
«En esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numerosas, pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Aparecieron, además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas».(14)
Porque omite especificar el término temporal de la proposición conclusiva y no aclara a qué tiempo cronológico se refiere su alegación de: «En esta etapa las violaciones de derechos humanos…», que podría referirse al período anterior a agosto de 1990 o posterior a éste. Lo mismo ocurre con el fraseo de: «el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas».
Donde las conclusiones del Informe de la CVR adquieren un tono abiertamente fantasioso encubierto con la imprecisión de tiempos y fechas, es en la conclusión 62
«La CVR señala que la nueva estrategia fue aprovechada por un grupo de oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible interrupción castrense del proceso político. Parte de esos planes autoritarios serían retomados posteriormente para el golpe de Estado de 1992».(15)
Esta conclusión prosigue desbordada de fantasía, pero deja sentada la apreciación, inconsistente con los hechos, de que «la nueva estrategia» –¿la pautada en 1989, la desarrollada a partir de agosto de 1990? – «fue aprovechada por un grupo de oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible interrupción castrense del proceso político». Lo que da pábulo a la fantasía del «Plan Verde» y quiere convalidar ex ante la interrupción transitoria del régimen político en abril de 1992.
No obstante, hay que reconocer que los autores de las conclusiones del Informe de la CVR son consistentes en el progreso de sus argumentaciones políticas contra Fujimori, que aparecen con meridiana claridad en la conclusión 68
«La CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de los derechos humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones».(16)
Con esta alegación acerca de «las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de los derechos humanos (con) la centralización del poder (es la que) incide en la relación más directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones», el Informe de la CVR plantea de manera directa la tesis de «la autoría mediata por dominio del hecho» o «por dominio de la organización», argumentación para-jurídica que ha sustentado la condena penal de Alberto Fujimori por la comisión de delitos contra los derechos humanos.
La verdad se está abriendo paso
Lo que demanda aclaración precisa y fundada en hechos, no en elucubraciones fantasiosas como las planteadas por la CVR, es que el gobierno iniciado en julio de 1990 cambió radicalmente el enfoque de la lucha contra la subversión, estableciendo un nuevo concepto político y estratégico para combatirla.
Hasta entonces, como no lo puede obviar el propio Informe de la CVR, durante el gobierno de Fernando Belaunde efectivamente ocurrió que el poder político –desde el presidente hacia su administración civil– no alcanzó a entender la real naturaleza del fenómeno subversivo y luego de 1982 en la práctica se desentendió de ése entregándole a las fuerzas armadas las tareas de combatirlo sin una decisión política orientadora. En este sentido es verdad que el gobierno de Belaunde declinó la autoridad civil del Estado para deponerla en manos militares, entregándola a unas fuerzas armadas que para entonces tampoco habían comprendido la naturaleza de la amenaza. El combate contra la subversión fue empeñado por las FFAA como la represión de «alzados en armas» cuyos objetivos y estrategia se desconocían. El resultado fue el desastre: la población civil en las zonas de la actividad subversiva armada se encontró entre dos fuegos, aunque en ciertos casos supo aprovechar la circunstancia: la acción del PCP-SL que quería someterla a sus designios o ganarla para la «lucha armada» con creciente violencia, y la reacción represiva militar que no era capaz de distinguir en esa población civil a los elementos proclives a la subversión de las víctimas sometidas a ella por la coerción y el terror. El resultado fue un baño de sangre en espacios crecientes del territorio nacional.
Durante el gobierno de Alan García la mayor parte del período se persistió desde el Estado en actuar con la misma ignorancia respecto del carácter de la subversión, mientras que el PCP-SL adquiría creciente poder llegando a sustraer del imperio estatal áreas del territorio nacional y hasta los establecimientos penales donde eran recluidos los subversivos o quienes fueran imputados por formar parte de ellos. Nuevamente, el resultado fue un baño de sangre en el que menudearon masacres cometidas tanto por los subversivos como por las propias fuerzas del orden. Solamente en el último año de la administración de García atisbó un viento de cambio en la estrategia para combatir a la subversión, que cristalizó en el apoyo estatal a los comités de autodefensa espontáneamente organizados desde la población civil rural para defenderse de los subversivos, y en la formación de nuevas capacidades de acción policial materializadas en el GEIN.
Pero en ningún momento de los gobiernos de Belaunde y de García fue de conocimiento público que los mandatarios hubieran comprendido apropiadamente la naturaleza de la agresión subversiva en la totalidad de sus dimensiones. Esta situación cambia de manera radical con la presidencia de Alberto Fujimori, cuya política y estrategia contra-subversiva fue indudablemente exitosa. Una verdad que se abre paso y desafía la narrativa y la posverdad del Informe de la CVR.
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NOTAS:
- Degregori, Carlos I. S.f. Desigualdades persistentes y construcción de un país pluricultural. Reflexiones a partir del trabajo de la CVR. https://red.pucp.edu.pe/ridei/libros/desigualdades-persistentes-y-construccion-de-un-pais-pluricultural-reflexiones-a-partir-del-trabajo-de-la-cvr/
- Degregori. Op. cit.
- Ibidem.
- Ibid.
- https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20 Ilustrativos-UIE/2.6.%20LUCANAMARCA.pdf
- Ibidem.
- Azevedo, Valéry R. https://revistaargumentos.iep.org.pe/index.php/arg/article/view/153
- Cfr. Blog Grancomboclub. Entre otras publicaciones del autor: https://grancomboclub.com/2010/08/la-cvr-cronica-de-una-cifra-anunciada.html
- CVR. Informe Final. Tomo I. Capítulo 1. Op. cit.
- CVR. Op. cit.
- Ibidem.
- Loc. cit.
- CVR. Informe Final. Tomo VIII. Conclusiones generales. Op. cit.
- CVR. Ibidem.
- Ibid.
- Idem.